Responsabilidad penal y política

Autor: Ramón Aguiló sj.  

 

 

Los casos de corrupción que se van descubriendo, necesariamente plantean algunos problemas que pueden parecer teóricos.  

Estas corrupciones se vuelven especialmente peligrosas y excitantes, cuando las realizan y extienden altos dirigentes políticos.  

El caso más típico ha sido y sigue siendo Italia a la que todos queremos tanto, y especialmente aquellos que hemos tenido la suerte de vivir y trabajar allí largos años. Personas honorables que hemos visto muy de cerca han sido acusadas de malversación de fondos, corrupción, contubernio con la Maffia y hasta asesinatos.  

En España, los hemos visto en Galicia (un consejero de la Xunta), en Cantabria (Presidente y varios consejeros), en Castilla-León, en el Gobierno Central (Banco de España y Guardia Civil). Y otros, que probablemente se manifestarán, porque este tema es inagotable, dada la flaqueza humana.  

Para que todo ello no sucediera, bastaría que los hombres y mujeres cumplieran con las normas de la Etica Filosófica y de la Moral Cristiana, según su posición de conciencia.  

Pero todo ello no ha bastado y así la Humanidad, para defenderse de todos los atropellos humanos, ha creado un complejo paquete de Reglamentos y de Leyes que deben ser cumplidos por todos, ha establecido diferentes formas de castigos para los que no los cumplen, y unos organismos muy complejos, por cierto, para que se juzguen los actos dudosos y se castiguen debidamente los actos ciertamente contrarios a las normas y Leyes. Así han surgido las faltas administrativas y los delitos.  

Los Jueces y los Tribunales, organizados en diferentes y ascendentes apelaciones, después de estudiar documentos, escuchar testigos, acusaciones de fiscales, defensas de abogados, van dictando sus sentencias que pueden ser apeladas y trasladadas a otros tribunales superiores hasta llegar al último que da una sentencia definitva e inapelable.  

Todo esto, aunque complejo y largo, se presenta bastante claro: el hombre, el individuo, debe responder de sus actos, y, si se demuestra su culpabilidad, debe sujetarse a los castigos que se le impongan justamente.  

Pero todo se vuelve más confuso, más turbador, más apasionado, cuando el Hombre que comete la falta o el delito es un Hombre Político que ocupa un puesto de responsabilidad dentro de alguna de las Administraciones Públicas: Ayuntamiento, Diputación o Consejo Insular, Comunidad Autónoma y Estado Central.  

Y es que, en todo estos casos, se entremezclan dos factores: en primer lugar,  la organización de la Justicia que tiene sus propias normas de acción y debe actuar en la serenidad del silencio, del equilibrio y del tiempo necesario.  Y en segundo lugar, aparece y actúa, fuerte, amenazador, exigente, oportunista, el Partido Político que tiene como finalidad primera mantenerse en el poder si está en él, o conquistar el poder, si se encuentra en la oposición. Y los métodos de los políticos, por desgracia, están muchas veces totalmente alejados de la serenidad que la Justicia demanda.  

Basta escuchar a unos y a otros. Siempre hablan gritando. Y, cuando acusan, lo hacen con una seguridad y una agresividad, impropias de un hombre que desea establecer la rectitud de la justicia. Parece que van a morderse unos a otros, que van a destruirse como si fueran fieras hambrientas, buscando siempre herir y maltratar al que está enfrente, y muy especialmente al Líder, considerado como más decisivo, importante y central, en el grupo opuesto. Porque saben que, malherido aquél, su grupo va a deshacerse, va a perder imagen ante el pueblo y ante sus propios seguidores, dejando así libre el camino para que los propios seguidores lleguen a los Palacios.  

En nuestro Congreso de Diputados, estos días pasados, hemos visto escenas y oído frases de tan mala educación, que parecerían más bien propias de una asamblea tumultuosa de Colegiales, espontáneos y gritones, que discuten sobre un viaje de estudios, en plan de cachondeo. Tales eran las palabras que se decían, los modos en que se decían y los gestos que algunas veces las acompañaban.  

En estos casos, además de exigir responsabilidades penales por las faltas administrativas cometidas o por los delitos, se suele hablar de "Responsabilidades Políticas" que van más arriba, tan arriba que lleguan a la cúspide del poder.  

Y hé aquí un punto que me gustaría plantear, si no solucionar, ya que seguramente habrá personas mejor preparadas para dar sus opiniones y doctrinas sobre él.  

Me refiero a situaciones concretas: )Qué responsabilidad política se puede exigir a los mandos superiores políticos por el mal comportamiento de alguno o algunos de sus subordinados?. En nuestros días se supone que existe una respuesta clara y afirmativa a esta cuestión. Y tal vez no sea así. Me parece un tema dudoso y discutible.  

Las trapacerías que suelen realizar los hombres, todos, pero especialmente los que ocupan cargos importantes, no se suelen proclamar ante los demás. Ni nadie se pavonea ante los otros de los hechos que puedan crearle dificultades penales o políticas. Todo eso suele realizarse en secreto y bajo mano, y con el conocimiento, generalmente incompleto y más bien adivinado, de algún amigote o querida.  

Es evidente que los dirigentes políticos han de elegir personas dotadas de cualidades especiales, de capacidad, de honradez, de fidelidad. Pero nadie les puede asegurar que un hombre o una mujer así, vayan a perseverar siempre en su buen comportamiento, y que nunca van a tener una caída en medio de tantas tentaciones como ofrece el poder. Por tanto, el dirigente que va a seleccionar a sus colaboradores en el poder,  debe tener un cierto margen de maniobra, debe fiarse de algunos, y no puede someterlos a una serie de pruebas más propias de la Inquisición o de Noviciados Religiosos anteriores al Concilio. Sencillamente ha de fiarse de ellos y ellos han de saber lo que pueden y deben hacer en sus puestos. Después el Dirigente podrá seguir sus pasos, en cuanto lo permiten la vastedad, la amplitud, de tantos colaboradores que, al fin y al cabo, tienen sus propias trastiendas psíquicas. Y por tanto, muy pocas veces se podrá poner la mano en el fuego por su futura conducta.  

Están llenas las páginas de nuestras historias, de Traidores y Aprovechados, que han estado cerca y hasta han sido nombrados por personas de responsabilidad e inteligentes, que confiaban en ellos. Son los Judas Iscariotes de la Historia.  

Para terminar, aunque tendría muchas más cosas que decir, me parece que se puede afirmar que la responsabilidad política del Superior sólamente deberá ser tenida en cuenta y afirmada, cuando quede demostrada su complicidad positiva o negativa en los actos delictivos del subordinado. La positiva se da, si el Superior colabora en la falta o delito. La negativa se da, cuando el Superior abandona conscientemente su vigilancia sobre las acciones de los subordinados. Aunque las conoce, deja hacer.  

Si esta complicidad no queda demostrada, nada se le puede exigir a causa únicamente del nombramiento de aquella persona que resultó ser un aprovechado o un delincuente.  

Si todos aceptaran estas ideas, habría más serenidad en la política. La Justicia ocuparía su lugar casi "sagrado" en la sociedad y realizaría su trabajo en la serenidad. Y los políticos irían con más cuidado al hablar y morder, porque sus actitudes podrían ser llevadas a los tribunales como calumniosas y difamatorias.  

Seguir otros caminos, nos podría llevar a un Estado "Nepotista" cuyos responsables buscan las máximas seguridades en sus propios familiares y amigos íntimos. O a un Estado "Policial" a lo KGB, lleno de espías, y "patas negras" en todos los rincones.