Aborto ilegal

Autor: Josefa Romo Garlito

 

 

El ministro Caldera, como si quisiera quitar hierro a la escandalosa cifra de abortos, dijo en Onda Cero: “Como se sabe, el aborto está legalizado en España”. Lo mismo expresa la secretaria de igualdad del PSOE. ¿Por ignorancia, o para crear confusión? ¿Conocen el Sr. Caldera y la Sra. Montaño la diferencia entre despenalización y legalización?

Despenalización y legalización son realidades distintas, como el día y la noche. Muchos que están de acuerdo con la despenalización en caso de peligro para la vida de la madre, no lo están en la despenalización en ningún otro supuesto.

Con el adelanto de la medicina, apenas se da hoy peligro ni para la vida ni para la salud de la mujer embarazada ( el problema legal podría resolverse con los atenuantes propios contemplados en la legislación penal general),

Legalizar el aborto, supondría reconocerlo como algo bueno, positivo. La despenalización no quiere decir que esté bien matar al inocente, sino que, en un caso límite, se evita el castigo a los infractores.

En España, el aborto, siempre abominable, es ilegal, es decir, un delito, con tres supuestos de anulación de la pena (Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio ). Pero la despenalización con una ley de aborto, ha resultado ser, como se esperaba, un “portón” por donde ha colado la cultura de la muerte, hasta el punto de que en 2004 se aniquilaron en nuestro país, sin contar los abortos por medios químicos y los clandestinos, a unos 85.000 niños nonatos (el 98% constituyen fraude de ley). Si se llegara a legalizar esa práctica, la degradación moral de nuestra sociedad sería ostensible: el mal se confundiría con el bien y los inocentes nonatos estarían totalmente desprotegidos. No permita Dios que tal ocurra.

Veo que la propaganda que nos han lanzado machaconamente del preservativo como “sexo seguro”, es engañosa. En otros sitios se inculca la abstinencia y la fidelidad. El aborto es un fracaso de la política sanitaria y social, y debe corregirse también con la difusión de la cultura de la vida y con tolerancia cero para la propaganda “antivida”; ello, con la colaboración de las Consejerías de Sanidad, Familia, Asuntos Sociales y Educación de las Comunidades Autónomas, y con prestaciones de las Administraciones locales.