Un auténtico principio de subsidiariedad

Autor: Jesús Domingo Martínez

 

 

Los actuales partidos, autodenominados progresistas, tienen como obsesión la imposición de la ideología de género a toda la sociedad, por ello hay segmentos de la sociedad que consideran claves para conseguir este fin, entre ellos están la educación y la familia, por eso, uno de los frentes de la tenacidad combativa es la educación, curiosamente personificada por los sindicatos (siempre hemos pensado que la función de estos era la defensa de los trabajadores y no la de ser correa de transmisión de ciertos partidos), les lleva desde hace un puñado de años a plantear batallas legales cuando un centro concertado apuesta por la educación diferenciada, porque creen éstos últimos que los rendimientos académicos y de madurez de la persona es más conveniente y adecuada, y que, por tanto, se obtienen mejores resultados que cuando la educación es mixta. De este modo, en el transcurso de los últimos años, los sindicatos que han querido apreciar el carácter discriminatorio de la educación diferenciada y han acudido a la justicia, obteniendo sentencias negativas en los Tribunales Superiores de Justicia de las diversas Comunidades Autónomas o en la Audiencia Nacional. A estas sentencias, se ha de agregar una más, la del Tribunal Supremo que, apoyándose en la Convención de la UNESCO de 14 de diciembre de 1960, ratificada por España, que no aprecia motivo de discriminación en la educación separada, en el obligado cumplimento de esos tratados para el Estado Español y en la conformidad con la Constitución Española, que prevé la financiación pública, vía conciertos educativos, de la enseñanza diferenciada impartida por centros privados, reconoce el derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos y garantiza la libertad de creación de centros docentes con derecho de los titulares a definir su carácter.

Esperemos que las continuadas sentencias sirvan para que se reconozcan los derechos y se permita la diversidad, tan necesaria en educación como en cualquiera de las otras actividades humanas y que, de una vez por todas, los partidos dejen hacer a la sociedad civil en todos aquellos asuntos en los que puedan desarrollarse por si misma, en otras palabras, que de una vez por todas se viva un auténtico principio de subsidiariedad