La educación de las nuevas generaciones constituye una de las cuestiones más serias e importantes a las que se enfrenta nuestra sociedad. Y como afirma el Concilio Vaticano II, “en la verdadera educación se propone la formación de la persona humana en orden a su fin último y al bien de las sociedades, de las que el hombre es miembro y en cuyas responsabilidades participará cuando llegue a ser adulto”, Además, “es urgente ayudar a los adolescentes a desarrollar armónicamente sus condiciones físicas, morales e intelectuales, a fin de que adquieran gradualmente un sentido más perfecto de la responsabilidad en el respeto y continuo desarrollo de la propia vida, y en la consecución de la verdadera libertad, superando los obstáculos con grandeza y constancia del alma”.

Hoy existe un gran esfuerzo para que el individuo tenga una educación integral, un desarrollo intelectual y corporal, psicológico y espiritual, tecnológico y ético, etc. En definitiva, la gestación de un ser humano auténtico, honrado y feliz, equilibrado y capaz de situarse, sin esquizofrenias ni neurosis, en el grupo y la sociedad en que vive.

            La educación de las nuevas generaciones de nuestra sociedad debe de potenciar una enseñanza armónica, integral, humanista, que no margine los valores morales y la dimensión religiosa del hombre. Este objetivo es el que debería de estar vigente en cualquier sistema educativo, y desde este enfoque debe ocupar un lugar importante la asignatura Religión.

            Difícilmente puede entenderse la cultura europea, e incluso cualquiera de las culturas, sin entender el fenómeno religioso. Difícilmente puede entenderse las manifestaciones culturales del pasado sin comprender, entender y formarse en el "universo" bíblico, evangélico y eclesial.

 

                        La Religión en la escuela tiene su base en dos grandes principios: por un lado, apoyado en los acuerdos de la Iglesia y el estado, el derecho que tienen los padres a reclamar una formación religiosa y cristiana en el ámbito educativo, y, por otro lado, la obligación que tiene la administración de respetar ese derecho y darle un marco adecuado, sin marginación, en las competencias educativas.