Control psicopolítico en favor del terrorismo

Autor: Diego Quiñones Estévez

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Las operaciones psicopolíticas han preparado, a través de las instituciones del Estado y de los medios de comunicación afectos al poder, la propaganda de manipulación global de las masas para que la claudicante y cobarde rendición ante el terrorismo, “el proceso de paz”, avance en el tiempo y las formas razonables. El tiempo y las formas del poder político, diseñan la opinión pública para que las víctimas del terrorismo y los ciudadanos, se comporten según el tiempo y las formas políticas para convencernos de que todo se hace por nuestro interés, cumpliendo la ley, cuando en realidad se lleva a cabo más bien por los intereses espurios de los políticos y al margen de la legalidad democrática y constitucional.

El tiempo para el gobierno actual de España, es el tiempo del relativismo político que quiere perpetuarse en el poder, y para ello utiliza todas las formas del mismo como llegar a pactos o negociaciones con los asesinos de la libertad, de la justicia, del Estado de Derecho que sostiene a nuestra democracia constitucional.

Y ya no sólo se contenta con promocionarlo por el espacio político de nuestra España constitucional, sino que también tiene la prepotencia de querer extenderlo al espacio de la opinión pública internacional, como es la Unión Europea, y con el tiempo, si no lo evitamos, se atreverán a llevarlo hasta la mismísima Asamblea General del poder global que es la ONU. Aquí, como con los burócratas relativistas de la Unión Europea, ya sabemos lo nos espera: incomprensión con las víctimas y paños calientes con el terrorismo.

De momento, han hecho morder el anzuelo al Parlamento de la Unión Europea, al admitir un debate sobre el insultante “proceso de paz” y el diálogo con el terrorismo. Han presentado “el proceso de paz” en favor del terrorismo y en contra de las víctimas, como si se tratara de una guerra entre dos partes de la población española. Se ha vestido el muñeco macabro del “proceso de paz” como si fuera una lucha similar a la ocurrida en una de las regiones administrativas del Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, donde dos grupos paramilitares y terroristas, uno protestante y otro católico, heredaron un conflicto provocado a finales del siglo XVI con la conquista inglesa de la isla de Irlanda. Durante 400 años se enfrentaron los protestantes unionistas y los nacionalistas católicos, hasta que se terminó con el Acuerdo de Viernes Santo o Acuerdo de Belfast de 1998. Fue un compromiso de paz y estabilidad entre los gobiernos inglés y el irlandés, aceptado por los partidos políticos y aprobado por el pueblo de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, a través de un referéndum y bajo unas condiciones que los terroristas de ETA y el gobierno nacionalsocialista con los que negocia de forma oculta, no quieren que se cumplan: pedir perdón a las víctimas, entregar todas las armas y aceptar la legalidad democrática. Después de 40 años de asesinatos, en España, las víctimas y sus familias siguen destrozadas por el dolor, la incomprensión política y la ignominia del terrorismo y sus cómplices.

Igualmente, el independentismo vasco o catalán, nada tienen que ver con el nacionalismo independentista de la provincia canadiense de Quebec. Otra mentira heredada del independentismo nacionalista catalano-pujolista para confundir y engañar a la población que ha sido amaestrada bajo las consignas antihistóricas e independentistas de los ultranacionalismos catalán y vasco. La provincia de la federación canadiense de Quebec, tiene como lengua oficial al francés, lengua de la mayoría de la provincia, pero admite también la presencia de la lengua inglesa. Aunque el bilingüismo es escaso en la población, no se persigue a la lengua en minoría, el inglés. En cambio en España, el etnocentrismo lingüístico se ha impuesto excluyendo, inconstitucionalmente a la lengua oficial, en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales con el castellano o español como son la vascuence, la catalana, la gallega o la valenciana. El partido nacionalista, Partido Quebequés, en las dos ocasiones que ha llegado al poder, en 1980 y 1995, convocó varios referendos para que los quebequenses decidieran si querían convertirse en un estado independiente. Casi la mitad de la población dijo que no, y actualmente los partidarios de la independencia son cada vez menos porque la disgregación de Canadá, sería un desastre para una de las ocho potencias económicas que forman parte  del Grupo de los Ocho países más industrializados del planeta (G8).

En España, los ultranacionalistas vascos y catalanes quieren forzar la independencia, la autodeterminación de sus autonomías. Utilizando la violencia y el terrorismo y sus pactos con el gobierno socialista, han falsificado la Constitución Española (1978), promulgándose estatutos anticonstitucionales, como el catalán, que encubren futuros estados independientes y federados. Para ello, no se ha contado ni se cuenta con un referéndum de todos los españoles sobre la ruptura de la unidad y de “la soberanía que reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado.” (Art. 1.2 Constitución española (1978).

El socialismo, en negociaciones con la banda terrorista ETA y la ilegalizada Batasuna, ha sacado del baúl de los recuerdos la remendada patraña del nacionalismo catalana-pujolista de equiparar el voluntarismo independentista de vascos y catalanes con el secesionismo del nacionalismo de la provincia canadiense de Quebec, para aplicarlo ahora a los intereses de autodeterminación del ultranacionalismo vasco y al falso “proceso de paz”. Han utilizado y falseado lo que significó en Canadá la llamada “Ley sobre la claridad”, y, lo que se oculta: que fue llevada a cabo desde la legalidad canadiense que hizo fracasar la secesión de Quebec.

Quebec no es una nación, ni un estado, es una provincia más de las diez, junto a tres territorios, que conforman la federación canadiense, gobernada por una monarquía constitucional parlamentaria. Las leyes de Canadá se fundamentan en la ley británica y en el sistema parlamentario inglés.

Si en tiempos del ultranacionalismo catalano-pujolista, la patraña de Quebec era absurda, ahora más absurda y desquiciante es aplicarla al ultranacionalismo vasco y terrorista. La “Ley sobre la claridad”, tuvo un proceso democrático que pasó por un dictamen del Tribunal Supremo de Canadá en 1998, que en el año 2000  fue adoptado por el Parlamento. El gobierno canadiense, prohíbe que se lleven a cabo negociaciones sobre la secesión de cualquier provincia, a no ser que la Cámara de los Comunes, haya comprobado que la pregunta del referéndum sea clara y precisa, y, siempre y cuando una mayoría clara se pronuncie a favor de ella. Las ambigüedades ultranacionalistas sobre un asunto tan relevante como es el de la secesión, no se admiten. Los ultranacionalistas vascos y catalanes, o lo que es lo mismo, el nacionalsocialismo laicista, han falseado los resultados y lo que significa la “Ley sobre la claridad” para la fracasada secesión de Quebec.

Han escamoteado a la población española que los quebequenses y los canadienses han dicho que no a la secesión de Quebec. La gran mayoría de los quebequenses y de los canadienses no quieren romper la unidad nacional, ni los vínculos históricos y de solidaridad que mantienen unidas a sus regiones. Los quebequenses y los canadienses han rechazado que se les obligue al dilema absurdo e insolidario de elegir entre su identidad quebequense o su identidad canadiense. En la Constitución canadiense, la secesión exige la negociación de una modificación del texto constitucional. De ahí que hayan rechazado lo que en España el nacionalsocialismo ha llevado a cabo con la aprobación de constituciones encubiertas de los estatutos de autonomías como el catalán: no admiten lo que aquí se nos ha impuesto contra la Constitución española y el Estado de Derecho de nuestra monarquía parlamentaria: rechazan para Quebec u otras provincias, las anticonstitucionales definiciones de nación, estado o pueblo. Según el Artículo 2, nuestra Constitución “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas.”

El gobierno de la provincia de Quebec, como el gobierno de cualquiera de nuestras autonomías, no tiene el derecho al separarse de forma unilateral y autoproclamarse un estado o una nación independiente. Y ello en virtud del Derecho canadiense, del Derecho español y del Derecho internacional. Éste último sólo admite la secesión o la independencia en situaciones extremas que nunca se han dado ni se dan en España tanto en las Vascongadas como en Cataluña, ya que jamás han sido colonias, jamás han sido ocupadas por la fuerza del ejército, y jamás, en ellas el Estado de Derecho ha violado los Derechos Humanos. Los únicos que han empleado la violencia y el terror de las armas, y han violado los Derechos Humanos, han sido los terroristas izquierdistas de ETA.

Tanto el Estado de Derecho canadiense, como el Estado de Derecho español, proclaman la solidaridad o lealtad mutua como principio fundamental de la indivisibilidad de  Canadá y España. La secesión, la independencia, la autodeterminación, no constituyen un derecho en las democracias constitucionales.

A estas alturas del siglo XXI, ya es penoso que Unión Europea, como la ONU, no tengan ni idea de que el terrorismo ultranacionalista en España, sólo tiene un culpable, la banda terrorista ETA, y una sola víctima: el pueblo español que ha sufrido sus crímenes durante cuarenta años. Y ahora también quiere más: romper en mil pedazos la unidad constitucional e histórica de España. Si la Unión Europea pretende seguirle el juego a un gobierno atrapado en las conspiraciones del ultranacionalismo y del terrorismo, habrá que recordarle que está entregando a la Nación española a una fractura irreversible que se esconde detrás de un falso “proceso de paz”. Y aún más, si lo acepta, habrá traicionado las resoluciones internacionales contra el terrorismo que ella misma y la ONU han aprobado.  

En concreto, el Consejo de la Unión Europea ha tomado una posición común sobre el terrorismo que coincide con las medidas y resoluciones de la ONU. La Posición Común del Consejo de la Unión Europea de 27 de diciembre de 2001, y actualizada el 2 de abril de 2004, dice en su Art. 3:

A efectos de la presente Posición común, se entenderá por acto terrorista el acto intencionado, que, por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional, tipificado como delito según el Derecho nacional, cometido con el fin de:

I) Intimidar gravemente a una población.

II) Obligar indebidamente a los Gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

III) Desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional:

a) Atentados contra la vida de una persona que puedan causar la muerte.

b) Atentados contra la integridad física de una persona.

c) Secuestro o toma de rehenes.

d) Causar destrucciones masivas a un gobierno o a instalaciones públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas de información, plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, lugares públicos, o propiedades privadas que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico.

e) Apoderamiento de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte colectivo o de mercancías.

f) Fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de armas de fuego, explosivos, armas nucleares, biológicas y químicas e investigación y desarrollo de armas biológicas y químicas.

g) Liberación de sustancias peligrosas, o provocación de incendios, inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas.

h) Perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas.

i) Amenaza de llevar a cabo cualesquiera de las acciones enumeradas en las letras a) a h).

j) Dirección de un grupo terrorista.

k) Participación en las actividades de un grupo terrorista, incluido el suministro de información o medios materiales, o mediante cualquier forma de financiación de sus actividades, con conocimiento de que esa participación contribuirá a las actividades delictivas del grupo.”

Todos estos argumentos irrefutables, que se acoplan a los cuarenta años del terrorismo izquierdista de ETA y al terrorismo islámico, los han olvidado el tiempo y las formas del poder nacionalsocialista. Se han dedicado a urdir en la opinión pública una especie de ingeniería del consentimiento a través de instrumentos de manipulación psicopolítica de masas como son los medios de comunicación, los grupos de presión contracultural, los seudointelectuales vendidos, las organizaciones terroristas, los medios financieros y empresariales y el empleo de un ejército en la sombra que lo forman políticos y funcionarios incrustados en los poderes clave de la Nación como son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por medio de operaciones y programas, por medio de leyes e informaciones deformadoras de la realidad del terrorismo, se trata de acabar, de  modo totalitario, con la fuerza psicológica de las personas y de la sociedad para someterla a los caprichos demagógicos del poder.

El control psicopolítico en favor del terrorismo, sigue dos tácticas para influir y cambiar la conducta de las víctimas y de la población: 1º) elaborar una mentira con algo de verdad. Esto es “el proceso de paz”, una mentira, camuflada con una verdad: la psicosis,  el miedo a los asesinatos y a las bombas del terrorismo, es una realidad indiscutible en el pueblo español; 2º) la mentira del “proceso de paz” se ha de envolver en una maraña mediático-política para que no se demuestren las pruebas y los hechos sobre la verdad del terrorismo(las miles de víctimas, el sufrimiento de las familias y la sociedad, los pactos con el ultranacionalismo independentista y filoterrorista para mantenerse en el poder). Esto último lo hemos comprobado con la ocultación, obstaculización, falsificación y manipulación de las informaciones e investigaciones sobre el atentado terrorista del 11-M y con el retorcimiento de la legalidad para excarcelar o reducir penas de cárcel a los terroristas de ETA con delitos de sangre, al mismo tiempo que se busca legalizar a las organizaciones terroristas.

De forma absurda, el poder político considera que se puede permitir el lujo de controlar la conducta de las personas y de la sociedad, sin que éstas se percaten de que detrás de esa absurda y peligrosa manipulación psicopolítica, hay una crisis del Estado de Derecho que amenaza con destruir la unidad del mismo y de la Nación española.

Por más que se intente controlar todos los medios de información, existen otros que no han caído prisioneros en las manos del poder que descubren la realidad del terrorismo a la población. La parte sustancial de la información sobre el terrorismo del 11-M y de la banda terrorista de ETA, se oculta y no se comunica por casi todos los medios de comunicación privados y la totalidad de los públicos, porque, de saberse, los gobernantes perderían la escasa credibilidad de la que aún gozan, y los medios adeptos, las prebendas pecuniarias de las subvenciones y los favores del nepotismo.

A todos los españoles que han vivido la libertad y la justicia alcanzada con la Constitución de 1978, les ha llegado la hora de la responsabilidad moral. Han de exigir que se descubra la verdad sobre los atentados terroristas del 11-M y que el terrorismo de ETA, desaparezca para siempre de nuestra democracia, con el empleo de la justicia y de la legalidad. Hemos de elegir entre dos caminos: o el de la rendición al terrorismo y el consiguiente hundimiento de nuestra democracia, o bien, el de la libertad sin controles psicopolíticos que dignifique la memoria de las víctimas del terrorismo y nos dé la seguridad de que el futuro de nuestra democracia es nuestro, un futuro donde no tienen cabida el terrorismo ni sus defensores sin escrúpulos.

Los españoles han de saber que en las páginas de la Historia, ninguna democracia en libertad se ha levantado ni sostenido sobre los pilares totalitarios del terrorismo. El libro de la Historia está repleto de páginas negras de todo lo contrario: las democracias en libertad han desaparecido cuando el terrorismo las ha destrozado con el odio, la violencia, el dolor, la sangre, el sufrimiento, la barbarie, la muerte y la esclavitud totalitaria.