Un reto educativo: Educación Religiosa y Educación para la Ciudadanía
Autor: Diego Quiñones Estévez
En nuestra democracia constitucional, las leyes educativas, hasta ahora, nunca han sido capaces de establecer una igualdad de oportunidades en la educación de valores religiosos y en valores ideológicos. Todas las leyes educativas aprobadas por los sucesivos gobiernos socialistas, como la LODE(1985), la LOGSE (1990) y ahora la LOE (2006), que es una ampliación y actualización ultralaicista de la LOGSE, han estado pensadas para una desaparición lenta y soterrada de la enseñanza de la Religión en la educación pública: la han dejado sin una asignatura alternativa en igualdad de condiciones académicas, la han dejado sin valor computable, y ahora pretenden todavía más, que no sea evaluable y sacarla fuera del horario lectivo. Las leyes que han aprobado siempre han sido para hundirla en el olvido y la persecución, violándose de este modo La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948, Art., 18)) que hablan de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como del derecho de las familias a elegir la enseñanza en los valores morales y religiosos que deseen. En el mismo sentido también lo especifica la Constitución Española (1978; Art., 27.3), el Acuerdo Internacional con la Santa Sede y el Estado Español sobre Enseñanza y Asuntos Culturales (1979) y está igualmente reconocido en otros numerosos tratados internacionales firmados por el Estado Español. Y ya no digamos la larga y nunca cumplida jurisprudencia en favor de la asignatura de Religión Católica y de su tan discriminado profesorado, que los distintos gobiernos socialistas, siguiendo una tara genética inmemorial, nunca han cumplido, despreciando así las sentencias favorables de los tribunales de justicia que representan la verdadera ley del Estado de Derecho constitucional y democrático para todos los españoles.
Con la LOE, el sistema educativo ha entrado en un túnel oscuro porque se ha hecho una ley educativa sin pacto escolar, sin consenso social y democrático. En un estado de derecho las leyes no se imponen, y más aún cuando esas leyes lo vulneran y atentan contra las libertades. La LOE es una imposición de un gobierno contaminado de un rancio laicismo anticatólico y antieclesial. Esto no es nada nuevo, porque históricamente ya tuvimos en la II República (1931-36) una trágica experiencia del mismo tono: la del jacobinismo masónico y laicista de las izquierdas sin proyectos sociales ni de progreso integrales, y cuya única obsesión es atacar al Catolicismo en todos los ámbitos de la vida pública, en especial el educativo, porque ofrece y no impone la libertad de pensamiento y la verdad de los valores del Cristianismo.
Ahí tenemos, pues, nuestra historia para aprender y corregir errores manifiestos y peligrosos. Estamos en el siglo XXI, y en éste nuevo siglo no podemos convertir la educación en un campo de batalla ideológico porque quienes ya sufren y sufrirán más sus nefastas consecuencias somos todos, y más en concreto, las nuevas generaciones, que no tienen ninguna culpa de las luchas por mantenerse en el poder a costa de lo que sea, y más cuando éste lo que sea es invadir el campo de la educación con el totalitarismo de una instrucción ideológica que impide ejercer el derecho humano fundamental de la libertad de enseñanza.
La libertad es sagrada, y desde ella, los católicos ofrecemos un reto educativo que será siempre beneficioso para todos: para los cristianos de otras confesiones, para los creyentes de otras religiones, y para los que no son creyentes. Nuestros niños, adolescentes y jóvenes, viven tiempos de crisis moral y ética, tiempos del relativismo y de un hedonismo compulsivo donde todo vale, pero que luego se paga bien caro.
Para darles los medios que eviten que sean manipulados y esclavizados por los vaivenes de la vida, nada más coherente y razonable que una educación en valores democráticos tanto religiosos como filosóficos e ideológicos. El reto educativo es bien sencillo y al alcance de todos los que se consideren amantes de la libertad y de la verdad de pensamiento y acción: crear un área del conocimiento que abarque la asignatura de Religión confesional o aconfesional y la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Habría un tronco común para las dos vertientes que trataría de los valores éticos democráticos y constitucionales y luego otro que es para la Religión en sus dos vertientes confesional o no confesional. De este modo, los alumnos que opten por la Religión confesional, reciben el programa estipulado por cada religión o confesión. Y los de la opción aconfesional recibirían una programación fijadas por la administración educativa donde se trate el hecho religioso y la cultura religiosa. Y aquellos padres y alumnos que no quieran dar ninguna formación religiosa, podrían optar por los contenidos comunes ampliados de carácter ético de la Educación para la ciudadanía.
En definitiva, se trata de no imponer nada, como hace la LOE con la materia obligatoria de Educación para la Ciudadanía, que es de un descarado intervencionismo estatalista y una descarada correa de transmisión de la feminista y homosexualista ideología de género. Ésta materia con razonables y plurales contenidos de formación en una ética civil común, debe ser como siempre ha sido la Religión Católica, voluntaria para los alumnos y padres que lo deseen. Sólo así se respetan y se comprenden los derechos y deberes de todos, de las familias creyentes y de las familias ateas o agnósticas. Sólo de esta manera educaremos a nuestras generaciones en una convivencia plural y evitaremos que caigan en los fundamentalismos y en los sectarismos tanto religiosos como ideológicos.
Este es el reto educativo para la sociedad española actual, un verdadero reto democrático y constitucional para poner a nuestra educación en el puesto que le corresponde en la cultura occidental, porque hasta ahora todas las políticas nefastas de los gobiernos socialistas la han hundido en la barbarie del analfabetismo funcional de la más que trasnochada enseñanza comprensiva, que nos ha traído el fracaso escolar de un igualitarismo académico ínfimo, que nos ha traído la violencia escolar, en definitiva, que nos ha hundido en una degradación de la calidad de la enseñanza pública.
Este es el reto educativo que ha de aceptar una sociedad democrática donde lo que debe prevalecer es la laicidad bien entendida y no falsificada como es el laicismo radical y anticatólico, enemigo de todo diálogo y de llevar a cabo un proyecto de enseñanza integral que dignifique a nuestra sociedad.