Educación para la tiranía = Educación para la ciudadanía.

Autor: Diego Quiñones Estévez

 

 

Una enseñanza integral e integradora, una enseñanza de calidad en libertad y pluralidad, es aquella que atiende que la persona reciba una educación que comprenda todas las dimensiones que contribuyen a darle un sentido transcendente y humano de la existencia.

 

Las dimensiones que hacen realidad el pleno desarrollo de la persona humana (la intelectual, ética, moral, psíquica, física y religiosa o transcendente) nos demuestran que le enseñanza se fundamenta en valores morales y éticos junto con los conocimientos de todas las ciencias humanas, ya sean tanto las ciencias del espíritu como las ciencias empíricas.

 

Así debería ser la enseñanza en cualquier sistema democrático que se base en la libertad de enseñanza, la libertad de creencias y de conciencia, que están defendidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y en las constituciones democráticas que han de propiciar que los educandos sepan ser personas responsables y no caigan en las circunstancias relativistas y pragmáticas de vivir sólo obsesionados por el tener y el estar, por aprender sólo habilidades o competencias básicas, en definitiva, en un aprendizaje meramente instrumental y lúdico-afectivo-sexual.

 

Los sistemas educativos que ha sufrido nuestra España durante casi treinta años, se han caracterizado por una degradación de la enseñanza integral en libertad y pluralidad que han culminado a principios del siglo XXI, con la imposición ideológica de un instrumento de manipulación pedagógica: la Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. En ella comprobamos que los sistemas educativos que ha padecido España, han sido elaborados desde los postulados intervencionistas del estado, de un estado neosocialista y ultranacionalista, contaminado por el relativismo donde impera un laicismo radical, anacrónico y extemporáneo. En la Educación para la ciudadanía, el homo faber y el homo habilis de la pedagogía neomarxista y laicista, aniquilan al homo sapiens y al homo religiosus de la enseñanza integral que tiene presente en la formación de las personas, todos los saberes: el saber ser, el saber conocer, el saber hacer, el saber transcendente y el saber humano.

 

Con la imposición totalitaria de la Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, el estado socialista, ordenancista e intervencionista, ha pervertido y violentado el derecho a una enseñanza en libertad de acuerdo con las convicciones morales, éticas y religiosas de las familias, tal y como se indica en la Constitución Española (1978); en la  Declaración Universal de los Derechos Humanos; en los Tratados Internacionales firmados por el Estado Español, entre los cuales está el Acuerdo Internacional con la Santa Sede y el Estado Español sobre Enseñanza y Asuntos Culturales(1979), que dejó en los cajones del olvido los concordatos de otros tiempos y otras circunstancias históricas.

 

La enseñanza ha sido reemplazada por un sistema educativo que se sirve de una dictadura pedagógica socialista o nacionalsocialista de los gobernantes maestros, del estado como escuela que se jacta de poner en práctica con los educandos, la invasión de la conciencia moral, el intervencionismo y el paternalismo estatalista que nos ha conducido al fracaso y a la violencia escolar: ambos, signos evidentes de que la calidad y la excelencia han sido desterradas de la enseñanza, del proceso integral de aprendizaje. El estado, en manos de un gobierno, un partido y una ideología social-laicista, pretende imponer una visión obsoleta de la existencia, y se apodera del derecho a la libertad de enseñanza y de conciencia que  tienen las familias, para planificar una educación para la tiranía de contravalores totalitarios que destruye la enseñanza integral, y atenta contra lo que se proclama y no se cumple en la Educación para la ciudadanía: los Derechos Humanos.

 

La familia, la institución que es anterior al Estado, a la Nación y a cualquier sistema político y jurídico, ya no sólo es reemplazada por el estado intervencionista sino que también es destruida por la tiranía del poder en la mano ejecutora de la Educación para la ciudadanía y contra los Derechos Humanos.

 

En el sistema educativo estatalista, modelado por el socialismo y los nacionalismos laicistas, la Educación para la ciudadanía y contra los Derechos Humanos, se ha programado para invadir las conciencias sagradas de los niños, adolescentes y jóvenes. La educación para la tiranía, que es la Educación para la ciudadanía, destruye el derecho natural a la libertad de conciencia que tienen las familias. Los responsables directos de la educación de los hijos son las familias, por tanto, cualquier ideología en el poder, cualquier estado que se considere democrático y constitucional, ha de encomendar la responsabilidad de la educación a la sociedad civil, no en la sociedad política y a la ideología que la gobierna.

Le educación implica la responsabilidad de las familias de enseñar a los niños, adolescentes y jóvenes, la diferencia entre el bien el mal, y las prioridades morales y religiosas, ideológicas y éticas de la vida.

 

El sistema educativo estatalista y monopolista que se ha impuesto en España, y cuya culminación ideológica es la Educación para la ciudadanía, se ha comprobado que durante casi treinta años, no ha reflejado los valores de las familias españolas que viven en una sociedad pluralista. Resulta de una prepotencia totalitaria no reconocer esto, y más aún que el poder político social-laicista y sus ideólogos, suplanten la libertad de educación y de conciencia de las familias cuando determinan qué se debe enseñar a sus hijos.

 

 

A las familias españolas, se les ha secuestrado el derecho que ellas poseen para transmitir a sus hijos sus propios valores morales o éticos, sus propias creencias o ideologías que les propician un sentido transcendente y humano de la vida. El Estado y la comunidad política que lo gobierne, han de aceptar sin condicionamientos de ninguna clase, que los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos. El Estado, y la ideología en el poder, han de ser servidores y administradores de la educación, atendiendo a la justicia distributiva y al principio de subsidiariedad.

 

Con la Educación para la ciudadanía y contra los Derechos Humanos, se descoyunta el principio democrático y constitucional de la separación entre la familia y el Estado, que deber ser igual de firme que el de la separación entre la Iglesia Católica y el Estado, o entre la actividad económica privada y la actividad económica pública del Estado.

 

Estos principios esenciales para que sean factibles en cualquier sistema de enseñanza pública y privada en libertad y pluralidad, la Educación para la ciudadanía y contra los Derechos Humanos, los ha destruido con lo cual, la libertad de conciencia queda desprotegida y perseguida por el estado intervencionista y laicista que desprecia al principio de subsidiaridad, es decir, el principio de la cooperación o colaboración entre todas las instituciones históricas u organizaciones civiles que busquen el bien común.

 

A la familias que tienen el derecho a la libertad de conciencia y de enseñanza con el apoyo limitado del Estado, a las familias que pagan con sus impuestos las instituciones de la sociedad civil, y por supuesto, la enseñanza integral de sus hijos, con la Educación para la ciudadanía, se les persigue, y se les prohíbe que reciban la educación moral y religiosa de acuerdo con sus convicciones y creencias. Se les impide llevar a cabo el derecho a la objeción de conciencia consagrado por los Derechos Humanos y permitido en todas las constituciones democráticas.

 

Ya son miles de objeciones de conciencia contra la imposición tiránica de la Educación para la ciudadanía, que han llevado a cabo las familias, lo cual demuestra que las familias que son responsables de la educación de sus hijos, no están dispuestas a que se les obligue en conciencia a aceptar una materia ideológica y estatalista, anticonstitucional y antipedagógica, antirreligiosa y antidemocrática. Las familias cumplen con un derecho humano fundamental y con un deber moral[1], al no seguir las imposiciones de la autoridad educativa o civil, ya que van en contra de sus exigencias morales, constitucionales y de los Derechos Humanos fundamentales de las personas, y si además, esas familias son cristianas católicas, las imposiciones de las autoridades civiles, van en contra de las enseñanzas del Evangelio[2] y de la Doctrina de la Iglesia Católica.

 

Las familias cristianas, al no aceptar que sus hijos reciban la manipulación ideológica de la Educación para la ciudadanía, actúan en recta conciencia, “guardando los límites que señala la ley natural y la evangélica,”[3] que viene dada en lo que dice Jesucristo: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mt. 22.21). Con ello se distingue que el servicio a Dios está por encima del servicio a un autoritarismo ideológico de la comunidad política que emplea el poder del Estado para imponer sus intereses que menoscaban el bien común.

El abuso de autoridad para castigar y coaccionar con presiones mediático-psicológicas y medidas legales o disciplinares inicuas a las familias o alumnos que han ejercido el derecho a la objeción de conciencia contra la imposición despótica de la Educación para la ciudadanía, es inadmisible en un Estado de Derecho, ya que la autoridad que ejerce el poder político, le viene dada por la sociedad civil, por los ciudadanos, por las familias.

 

Con la prohibición y la persecución de las familias y de los hijos que ejercen el derecho humano a la objeción de conciencia para no ser ideologizados por el estado pedagogo, la autoridad política incumple la sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de abril de 1985 que dice: “La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el Artículo 16.1 de la Constitución y, como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales.”

De igual modo, la autoridad política, incumple el ejercicio de los derechos y el disfrute de las libertades que permiten un desarrollo pleno de la personalidad, como son la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión que se defienden: en el Artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en el Artículo 9.1 y 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950).

 

 

Con la Educación para la ciudadanía y contra los Derechos Humanos, de forma tiránica, se obliga a las familias y a sus hijos, que sostienen con su trabajo y con sus impuestos la enseñanza, a que sean ideologizados: en las proclamas degradantes del laicismo radical; en la pansexual y hedonista ideología de género; en el ateísmo y el agnosticismo anticristiano y anticatólico; en el relativismo dictatorial que propone la libertad de conciencia pero la traiciona cuando impide la libertad de conciencia contra el aborto, la eutanasia, la píldora abortiva, el homosexualismo radical, la manipulación genética de embriones humanos, la libertad de educación; en el ecologismo retroprogre: verde por fuera, y rojo contaminante por dentro; en la permisividad y el igualitarismo de la mediocridad y el analfabetismo funcional; en la filantropía socialista y masónica, engendradora del estado leviatán, anticristiano y antieclesial; en el pacifismo y el antimilitarismo de la rendición, la cobardía, la traición y el odio a los valores que fundamentan la paz, la libertad, la dignidad de la Nación y la Patria, del Estado democrático constitucional y de la Historia; en la exaltación y justificación del terrorismo ultraizquierdista y ultranacionalista, mientras se desprecia la sangre y el sufrimiento de las víctimas inocentes que ha provocado el odio de los terroristas a la vida, la libertad y la dignidad del ser humano; en la falsificación de la Historia, de las ideas, del pensamiento, de la verdad; en el multiculturalismo que hunde en la ignorancia alienante a una masa social informe y manipulable.

 

La inconstitucional Educación para la ciudadanía, es todo un proyecto estatalista que destroza el principio democrático de igualdad de oportunidades, tanto en la enseñanza pública como en la enseñanza privada. El estado monopoliza toda la enseñanza, una enseñanza que se fundamenta en el pluralismo educativo que ha de ser reflejo del pluralismo de la sociedad civil y del Estado de Derecho que defiende la Constitución Española.

 

La educación para la tiranía, que es la Educación para la ciudadanía, falsifica y desarbola los Derechos Humanos, y como toda tiranía, permite al poder intervencionista y coercitivo, en manos de una comunidad política socialista o ultranacionalista, invadir el derecho a la libertad de conciencia y de enseñanza, con lo cual la sociedad civil, deja de ser libre y plural para someterse a la tiranía que practicaron en siglo XX, los sistemas totalitarios del colectivismo socialista y comunista, del colectivismo nacionalsocialista y fascista.

 

Estos sistemas totalitarios, reproducen la tiranía que llevan dentro, la tiranía del estado que elimina a las instituciones civiles, a las organizaciones y asociaciones independientes para privar a las personas de sus vínculos históricos, de su comunidad histórica que han aprendido en una enseñanza integral y pluralista, en la cual no se renuncia a la Tradición, al Patrimonio cultural, a la herencia de generaciones y generaciones de hombres y mujeres que han hecho de la libertad, de la dignidad y del bien común, el fundamento de su ser y existir en la Historia.

 

La tiranía educativa del estado manipulador, inyecta todos sus programas y presupuestos intervencionistas en la Educación para la ciudadanía y contra los Derechos Humanos. En ésta se diseña e impone la fracasada e irrealizable utopía nacionalsocialista del un paraíso artificial y estático, donde los ciudadanos vivan atomizados sin personalidad pero bajo el control del poder político; donde las ciudadanos sean amorales y relativistas porque han sido moldeados en la dictadura pedagógica del engaño, de la mentira, del servilismo, del odio a Dios y el desprecio a los saberes de las ciencias.



[1] Pontificio Consejo <<Justicia y Paz>>, “La comunidad política”, en Compendio de la doctrina social de la Iglesia, Edit., Biblioteca de Autores Cristianos y Editorial Planeta, Madrid, 2005, Cap. VIII, nº 399.

[2] Catecismo de la Iglesia Católica, Edit. Asociación de Editores del Catecismo, Madrid, 1992, nº 2242.

[3] Constitución Pastoral Gaudium et spes, C.f., Catecismo de la Iglesia Católica, op. cit., nº 2242.