El desprecio a las víctimas del terrorismo y del Estado de Derecho

Autor: Diego Quiñones Estévez

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Después del mayor atentado terrorista de nuestra corta Historia democrática, el atentado de Madrid el 11-M de 2004, la política del actual Gobierno socialista debería haber tenido como objetivo prioritario, para hacer justicia con las víctimas del terrorismo, acabar con éste con el fin de que nuestra democracia constitucional, iniciara un nuevo camino sin las coacciones y los atentados terroristas. 

No ha sido así, al contrario de lo deseado por la inmensa mayoría de los españoles, en lugar de haber ejecutado una política antiterrorista fundamentada en la defensa del Estado de Derecho y la dignidad de las víctimas del terrorismo, se ha convertido en una rendición imperdonable ante los criminales del terror programado. Ahí tenemos como pruebas de la semántica perversa socialista, los eufemismos zapatrustos de llamar “terrorismo internacional” al terrorismo islámico, y a no cumplir con las condenas por los delitos de los terroristas nacionalistas de ETA, “prisión atenuada”, que no es más que un fraude de las leyes contra el terrorismo, es decir, de La Ley Orgánica de Partidos (2002) o el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo o Pacto Antiterrorista (2000). 

Los dos terrorismos, el de la extrema izquierda nacionalista vasca y el del fundamentalismo religioso islámico, coinciden en el mismo proyecto de destrucción de las democracias en libertad para reemplazarlas por dictaduras nacionalistas o dictaduras teocráticas regidas por la ley del Corán. 

Para alcanzar sus proyectos totalitarios, el terrorismo nacionalista de la izquierda etarra y del terrorismo islámico, tienen como  objetivo principal atentar contra el derecho a la vida y a la libertad de los civiles, de los ciudadanos españoles ya que ellos son los que presionan o deciden en las urnas el destino de las políticas nacionales e internacionales. 

En España, lo hemos comprobado con amargura y desolación: el atentado mediático terrorista del 11-M, destrozó la política neoliberal por una política socialista que se ha aliado con el nacionalismo, con el laicismo radical, con el relativismo ideológico y con el terrorismo, ya sea el nacionalista o el islámico de la alianza de civilizaciones cuyas cabezas nucleares de la misma son Irán y Afganistán, con los satélites-criaderos de terroristas como Marruecos y otros países árabes con dictaduras o repúblicas teocráticas que oprimen los Derechos Humanos fundamentales de sus poblaciones. 

La política del socialismo nacionalsocialista y ultralaicista, se ha comprobado que ha sido filoterrorista, es decir, de concesiones consentidas ante las presiones y coacciones del terrorismo nacionalista para ceder a sus exigencias que conllevan la destrucción de la democracia española, la ruptura de la unidad y la soberanía de España, y el desprecio al dolor y la sangre de las víctimas del terror, porque el hecho de pedir justicia para que los terroristas cumplan sus condenas íntegras, el hecho de exigir a las autoridades que se cumplan con las leyes antiterroristas, es un estorbo para que el terrorismo nacionalista alcance su proyecto de un utópico territorio independiente y totalitario, es un obstáculo  para que los gobernantes del partido en el poder, puedan seguir en el mismo con el beneplácito y la colaboración de los terroristas y sus apoyos político-mediáticos. 

Las víctimas del terrorismo en España, a partir del 11-M, y a partir de las elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo de 2007, han sufrido una política cobarde e indigna de arrinconamiento y olvido, algo impensable, algo imposible en los gobernantes de democracias históricas como Inglaterra, Francia, Alemania o Estados Unidos que conocen cuáles son los propósitos aniquiladores del terrorismo.

Y los hechos son los que nos dan la razón: el farragoso juicio del 11-M, ha sido un reflejo de la política gubernamental nacionalsocialista: caos y oscurantismo jurídico-policial, corrupción y falsificación de pruebas, de tramas laberínticas, de informes y datos que nos describen lo que en el fondo se persigue: que nunca sepamos la verdad sobre lo que se oculta tras el atentado terrorista del 11-M. 

Otro hecho incuestionable, otra lamentable y peligrosísima circunstancia histórica, que no tiene nada de accidente sino más bien de un programa político para la destrucción de nuestro Estado de Derecho: el regreso a las instituciones democráticas del brazo político del terrorismo nacionalista de ETA, regreso suicida en el que va imbricado la suelta de quien es su máximo símbolo criminal, el terrorista De Juana Chaos, con veinticinco asesinatos de personas inocentes. 

Permitir la entrada del terror en la convivencia democrática en los municipios vasco-navarros, por más que se diga machaconamente que se hace desde la legalidad, es decir desde el fraude de la ley y las presiones al poder judicial, es claudicar ante un proceso de paz totalitario que empieza cobrando el impuesto revolucionario con el dinero de los contribuyentes españoles, una mayoría de contribuyentes que no han votado al terrorismo y que quieren que la Justicia aparte al terrorismo de nuestra convivencia democrática porque de lo contrario acabará destruyéndola. 

La entrada del terror nacionalista en al vida de los municipios vasco-navarros y la puesta en libertad de quien simboliza la cúspide de los crímenes terroristas, De Juana Chaos, avalan una política gubernamental descerebrada que desprecia el sufrimiento de las familias de las víctimas del terrorismo, las cuales únicamente piden que se cumpla con las leyes antiterroristas, que piden que se aplique con rigor la verdad de las leyes, la verdad de la Justicia al servicio del bien común y de la dignidad de todas las víctimas del terrorismo, cuyas vidas no tienen un precio político. Vidas que no son negociables por un proceso de paz sin libertades que impone el terrorismo a una política gubernamental obsesionada por mantenerse en el poder para siempre, a costa de hundir en el olvido a las víctimas y a costa de instalarnos en la quiebra de España como Nación.