Protestas injustas

P. Fernando Pascual

28-12-2019

Defender las propias ideas es legítimo, siempre que se haga dentro del respeto a los derechos ajenos.

Sin embargo, algunas personas y agrupaciones defienden sus ideas con acciones violentas, con cortes arbitrarios de carreteras, con incendios de bienes públicos o de coches particulares, con asaltos a negocios o grandes almacenes.

Actuaciones así son claramente injustas. Incluso en el caso de que se defienda una causa buena, nunca debería estar permitido hacerlo con daños a personas inocentes y a bienes comunes o particulares.

Por eso, sorprende descubrir cómo algunos partidos políticos o líderes de opinión apoyan ciertas protestas llevadas a cabo con violencias injustas con la excusa tan terrible de que el fin justifica los medios.

Frente a quienes dañan a inocentes con sus protestas, o provocan graves daños a la vida comunitaria, un Estado sano necesita implementar medidas firmes para impedir agresiones y violencias, para defender los derechos de todos, y para castigar adecuadamente a quienes violen la ley.

Uno de los principios fundamentales para una vida social justa consiste en castigar cualquier comportamiento que lesione gravemente los derechos de otros. Uno de los mayores daños a la vida social radica en la debilidad de las autoridades ante la violencia de ciertas protestas.

La historia nos recuerda hasta qué extremos pueden llegar las acciones injustas de ciertos grupos, cuyas víctimas son casi incontables en las situaciones más extremas de violencia.

Al revés, la historia nos indica cómo una firme aplicación de la ley ante cualquier forma de protestas injustas ha sabido impedir daños mayores y ha logrado que las sociedades tengan el mínimo de seguridad pública que es requisito para una sana convivencia y para un diálogo fructuoso entre las diversas posturas que coexisten en las sociedades pluralistas.